Wimbí: Una comunidad negra en peligro
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Wimbí es una comunidad negra en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Las tierras de la comunidad están bajo la presión de las plantaciones de palma aceitera y minería de oro, que no solo amenazan la base de los medios de vida de la población local, sino que también crean degradación ecológica. El resultado es una forma de racismo ambiental que reduce la calidad de vida de las personas negras en la región. María Moreno Parra ha publicado un artículo en una revista ecuatoriana de ciencias sociales sobre estos temas.
El conflicto se remonta a una adjudicación irregular de tierras de posesión ancestral a un comunero de Wimbí, quien las vendió a un inversionista de Quito. Posteriormente las tierras pasaron rápidamente a manos de la empresa Energy & Palma, que actualmente tiene el título de propiedad de las 1200 hectáreas en disputa. Los conflictos se iniciaron a poco tiempo de la adjudicación y venta ilegal de las tierras, pues los wimbiseños que habían utilizado tradicionalmente estos territorios siguieron haciéndolo.
En 2016, la empresa Energy & Palma interpuso un juicio contra cuatro líderes de la comunidad de Wimbí por cargos de uso ilegal y tráfico de tierra. El conflicto escaló de nivel cuando en noviembre de ese año se produjo un intento de desalojo. Un piquete de policías armados entró a las tierras con una retroexcavadora que destruyó plantaciones y cercas de los comuneros que utilizaban las mismas. Varios miembros de la comunidad salieron a enfrentar al piquete y parar la maquinaria. Lograron detener el desalojo y se tomaron la retroexcavadora como medida de represalia. Ante esto, la empresa demandó por robo de maquinaria a los líderes parroquiales (incluso a líderes que no se encontraban presentes el día de los acontecimientos). En agosto de 2017, la empresa y los líderes de Wimbí llegaron a un acuerdo para la devolución de la maquinaria y el retiro del juicio por robo. Sin embargo, el juicio por uso ilegal de tierra continúa. Los líderes de Wimbí han sido judicializados y criminalizados como ladrones e invasores de su propio territorio y reclaman su derecho ancestral al mismo.
El conflicto entre Wimbí y Energy&Palma tiene lugar en un contexto más amplio de pérdida de territorio ancestral en la provincia de Esmeraldas, frente a la presión de los intereses de actores externos vinculados a la extracción de madera, producción de palma y minería aurífera. Junto a una pérdida sustancial de bosque y territorios ancestrales de afroecuatorianos e indígenas, la minería aurífera contamina el agua y suelo con minerales pesados que son tóxicos para la salud. Estos procesos someten a la población local a formas cotidianas de sufrimiento ambiental al habitar en ambientes tóxicos que comprometen su salud en el corto y largo plazo. Adicionalmente, en la zona norte de Esmeraldas, la dotación de infraestructura y servicios básicos es limitada y deficiente. La comunidad de Wimbí, por ejemplo, no tiene un sistema de agua potable ni un centro de salud en la comunidad. El acceso es solo a través de la carretera lastrada, el servicio de transformación es limitado y se tarda dos horas y media en llegar a la ciudad principal del cantón.
Los líderes de Wimbí y otras comunidades del norte de Esmeraldas presentaron medidas cautelares y de protección que fueron en un principio denegadas por las autoridades legales del cantón San Lorenzo. Esta lucha comprende no solamente la acción de los pobladores de Wimbí, sino que implica a una serie de aliados, en especial la Pastoral Social de Esmeraldas. Junto a la Pastoral, varias comunidades, incluida Wimbí, han emprendido acciones de protesta por las afectaciones sociales y ambientales de la minería en la zona. En 2011, comunidades de Esmeraldas con la Defensoría del Pueblo lograron interponer medidas cautelares en relación con el derecho al agua y al medio ambiente sano. La Pastoral Social trabajó con una universidad local en una serie de investigaciones sobre la calidad del agua en fuentes afectadas por frentes mineros. Estos estudios sustanciaron las denuncias presentadas para obtener las medidas cautelares. A pesar de ello, las actividades mineras y de la agroindustria de palma continúan.